Comunicado conjunto firmado por más de 190 organizaciones. Advertimos que el proyecto es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades. Amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país.
Es una herramienta de investigación pero también, con preocupante frecuencia, de espionaje ilegal. Eso la convierte en una amenaza para la privacidad y los derechos humanos. Con Vía Libre, O.D.I.A. y Democracia en red presentamos los siete principales factores de riesgo que identificamos en nuestro país. Buscamos alertar a tiempo para desarrollar políticas de control que prevengan que la Argentina se sume a la lista de los países que usan esta tecnología para la persecución política y la vulneración de derechos básicos. Incluye una guía para la prevención.
Desde Amnistía Internacional, ACIJ, CEDES, CELS, Democracia en red, ELA, FOPEA, Fundar, Huésped, Poder Ciudadano y SiPreBA elaboramos este documento de posición sobre el proyecto el de Ley de Gestión de Intereses amenaza la labor de la sociedad civil.
En octubre de 2010 Mariano Ferreyra fue asesinado en una protesta por mejores condiciones laborales. El crimen tuvo un gran impacto político y generó conmoción en muchos sectores. La sentencia condenatoria por las maniobras para encubrir el crimen de Mariano dio por probado el tráfico de influencias y el intento de sobornos.
Frente a un aparato represivo que buscó producir desaparición, silencio y negación, los organismos desarrollaron formas de registro, reconstrucción y denuncia que permitieron reunir testimonios, identificar responsabilidades y transformar experiencias fragmentadas de violencia en relatos colectivos con potencia política y jurídica.
Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.
Bajo la apariencia de facilitar el comercio y la cooperación, el Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR) que firmó en febrero el gobierno argentino con el de Estados Unidos, configura una decisión de alto riesgo: cede soberanía sobre la información personal de la población y erosiona garantías básicas como la protección del derecho a la privacidad y la autonomía informativa.
